editorial

¿quién pagará la crisis?

Es bien conocida la influencia que la prédica del sistema capitalista ejerce sobre la psicología de las personas para convertirnos en compradores compulsivos. Es coherente con el principio rector que garantiza su supervivencia: la producción masiva. Para ello requiere de un consumo también masivo que le asegure la obtención de la mayor plusvalía posible.

Este sistema que no repara en los medios ni en los recursos utilizados para conseguir su objetivo, que no es otro que el crecimiento continuo y exponencial que asegure las mayores ganancias en el menor tiempo posible es obviamente antinatural e insostenible desde todo punto de vista. Las sucesivas crisis económicas, de las cuales la última es la más grave y flagrante, muestran hasta qué punto son inconsistentes y frágiles los cimientos de este sistema que sólo se sostiene gracias a temporales "parches".

A fin remontar esta crisis y salir de la actual recesión económica, conocidas organizaciones internacionales y "expertos" pertenecientes a ese indescifrable entramado llamado "mercado", han resuelto aplicar duras medidas de ajuste cuyos principales perjudicados somos los ciudadanos europeos en general y los trabajadores y pensionistas en particular. La complicidad de los gobiernos con estas políticas destinadas a acabar con el Estado del bienestar es perversa e indignante, sobre todo porque son aplicadas en contra de la opinión de la mayoría de ciudadanos, que hemos votado programas de gobierno que en ningún momento anunciaban recortes de tal envergadura. La arrogancia y prepotencia de los dirigentes políticos, decididos a llevar los dictados del poder financiero hasta sus últimas consecuencias, con total desprecio por el creciente rechazo de los ciudadanos, convierte a las democracias europeas en una auténtica farsa. (Ver el editorial anterior de "epsys": Psicopatía y neoliberalismo).

Las medidas de ajuste constituyen un castigo unilateral en toda regla, que pretenden justificar con el peregrino argumento de que hemos consumido deprisa y demasiado y que, como consecuencia de ello, hemos contraído unas deudas que no podremos cancelar. Como si endeudarse fuera una afición o una adicción y no una necesidad en el caso de la población peor remunerada. Pide un préstamo y se endeuda quien no tiene dinero —y también quien lo tiene—, pero buena parte de la demanda de crédito tiene como origen los bajos salarios, pues quienes cuentan con rentas modestas deben endeudarse para adquirir bienes tan necesarios como, por ejemplo, una vivienda.

Quizás estemos excesivamente endeudados, como dicen ahora esos "expertos" que han sido incapaces de ver lo que se nos venía encima. Las cifras de la deuda privada y pública son alarmantes, aunque la mayor parte del débito público se debe a las ingentes cantidades de dinero que ha requerido el saneamiento de la banca privada, que pese ha haber obtenido grandes beneficios provenientes de lo que ha prestado, ha tenido que ser rescatada por los Estados del descalabro de sus arriesgadas aventuras financieras. Si el dinero de los Estados —que es nuestro dinero— se hubiera invertido en reactivar el tejido industrial y en políticas sociales que paliaran los efectos del desempleo en lugar de subvencionar a los irresponsables directivos de las entidades bancarias, la recesión económica seguramente no sería tan aguda. Pero como ocurre con demasiada frecuencia, el dinero público siempre salva a los que abogan hasta el paroxismo por la no intervención del Estado y a favor de la iniciativa privada. Una flagrante contradicción que pone a salvo de cualquier riesgo a los "emprendedores" y condena a los ciudadanos de a pie a pagar los errores de aquéllos. Un negocio redondo, aunque también una inmoralidad.

En calidad de asalariados los ciudadanos hemos sido disciplinados, pues hemos trabajado como las altas instancias de la Unión Europea han decidido que debíamos trabajar, y hemos aceptado las condiciones impuestas por los planes de convergencia de Maastrich y los Pactos de Estabilidad. Como consumidores también hemos consumido como nos han señalado, cediendo a una pertinaz campaña destinada a incrementar el consumo, sin que "responsables" gobernantes ni "expertos" economistas nos hayan advertido de lo que podía suceder. Antes bien, todos han incentivado con medidas fiscales un consumo que ahora juzgan dispendioso y compulsivo y un modelo económico asentado sobre bases precarias y por tanto insostenible.

Por supuesto no faltaron quienes avisaban a tiempo del peligro y señalaban el riesgo de que las burbujas estallaran, pero como siempre ocurre a opiniones lúcidas y sensatas, hallaban poco eco o eran desdeñadas con el argumento de que se trataba de fantasmas agitados por izquierdistas nostálgicos o excéntricos pesimistas alejados del pensamiento "económicamente correcto" y decididos a estropear la gran fiesta. Lo que ha prevalecido han sido las llamadas a consumir, a invertir y a contraer deudas; las ofertas de las entidades financieras eran continuas, el crédito era barato y las hipotecas tenían un bajo interés. Algo semejante ocurría con los reclamos a invertir los ahorros en productos y subproductos financieros de alta rentabilidad.

Una vez borrado el recuerdo de las consecuencias de crisis anteriores y viviendo en un ámbito en el que adquiría dimensiones épicas la utopía de una economía en constante expansión, regida por un mercado que supuestamente era capaz de autoregularse y alcanzar el perfecto equilibrio, muchos ciudadanos cedieron a la invitación de las corrientes de opinión dominantes, a la acción de los gobiernos, a los estímulos de la propaganda, a las opiniones de los expertos, a las campañas de publicidad, a las ofertas de compra, a las insistentes incitaciones de los bancos y a las múltiples, diversas, atrayentes y reiteradas llamadas a consumir sin medida ni descanso.

Con esta obediente actitud, muchos ciudadanos han contribuido a elevar el Producto Interior Bruto y a alimentar la lógica del sistema capitalista, aguijoneado por un clima de opinión que desde la publicidad a la industria de la cultura y el ocio, pasando por los medios de información —o de distorsión—, induce a consumir por encima de las posibilidades personales. Para consumir a cuenta de una renta que aún no se tiene o de un salario que aún se ha de percibir, el sistema financiero ha puesto a disposición de las personas un amplio abanico de formas de pago: hipotecas, ventas a plazos, pagarés, líneas de crédito, tarjetas... Sin el consumo masivo el sistema se detiene. No obstante, durante décadas, ni los expertos ni los gobiernos ni los organismos internacionales que ahora se echan las manos a la cabeza nos han advertido de que pudiera hacerlo. Es más, en vísperas del estallido de la burbuja inmobiliaria en EE.UU., las todopoderosas y presuntamente infalibles agencias de calificación de riesgos seguían confiando en la buena salud del sistema financiero.

Ahora se nos acusa de haber consumido demasiado y se nos castiga por ello como si fuéramos los únicos responsables de la crisis. Omiten que no todos hemos dispuesto de la misma información que poseían quienes nos han incitado a consumir, ni tampoco la misma capacidad de decisión que quienes han auspiciado y defendido este modelo económico —que es más bien de ellos que nuestro— y al que se ha impulsado desde herméticos foros nacionales e internacionales (el G-8, el G-20, Bruselas), desde organizaciones cuyas actividades son secretas (Davos, el Club Bildenberg, la Trilateral) o amparado en las misteriosas decisiones surgidas de ese turbio universo llamado mercado.

Sin duda todos tendremos que pagar la crisis, pero hay que tener en cuenta que no todos hemos gastado en la misma proporción ni acuciados por las mismas urgencias, pues mientras unos han consumido para cubrir necesidades básicas, otros lo han hecho para satisfacer sus caprichos. Tampoco hemos obtenido las mismas recompensas en los años de bonanza, pues en lo que respecta al mundo laboral, no ha habido por parte del empresariado excesiva largueza en materia de remuneración salarial, sino todo lo contrario. (Es conocida —y sabemos sobradamente qué significa— la cantinela de los empresarios acerca de los bajos costos y la flexibilidad como garantía de una "competitividad" imprescindible para la creación de empleo y el crecimiento económico). Pero lo que sí es seguro, es que serán exclusiva o principalmente los trabajadores y pensionistas quienes padeceremos las peores consecuencias de la recesión y los que, mediante el impuesto a las rentas del trabajo, el aumento generalizado de la presión impositiva y la reducción del dinero destinado a servicios y asistencia social, contribuiremos a sanear los negocios privados que han generado durante años fabulosos beneficios y cuyos directivos no son precisamente un modelo de probidad y contención. El dinero público —nuestro dinero, insisto— siempre acaba en las arcas de la empresa privada y en las cuentas corrientes de sus directivos.

Los gobernantes han estado bastante lejos de actuar como moderadores del consumo y reguladores del mercado. En realidad han realizado el trabajo que los poderes financieros esperaban de ellos, favorecer a ultranza un modelo insostenible y peligroso que finalmente se ha derrumbado por el peso de su anormal desmesura. No sólo no han avisado del riesgo que corríamos sino que han utilizado electoralmente la bonanza económica y han minimizado los efectos de la crisis cuando ésta ha llegado. Pero lo que es aún más grave es que quienes han tenido la posibilidad y la oportunidad de actuar de manera responsable, imaginativa y creativa, han desaprovechado el periodo de auge económico para corregir —no ya cambiar, eso sería pedir peras al olmo— el modelo económico que ahora hemos de reflotar a costa de nuestros salarios, nuestras pensiones y una importante merma en los derechos del Estado del bienestar.

Por todo ello las movilizaciones que sacuden al continente europeo, y que los gobiernos intentan minimizar o silenciar con la ayuda de unos medios de comunicación que callan o distorsionan las noticias (recomiendo leer el editorial Goebbels y la información en nuestros días en esta misma revista), están más que justificadas. Seguramente serán necesarias muchas más para producir un cambio de paradigma que nos lleve a una nueva manera de entender el mundo y que cambie radicalmente el sistema económico que destruye el planeta y empobrece a sectores cada vez más amplios de la población mundial.