Consideraciones sobre liberalismo y economía

Álvaro Naveros Barranco
Licenciado en Derecho
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La crisis económica iniciada en 2008 y su impacto en todo el mundo, y en particular en Occidente, ha tenido tal repercusión en el panorama político y económico mundial que ha obligado a replantear el sistema económico que se creía consolidado, que no es otro que el sistema de libre mercado.

Efectivamente, la crisis de las hipotecas subprime, caracterizada por un desplome en el precio de la vivienda en Estados Unidos, ha causado un enrome impacto en el resto de la economía. Dicha crisis se intentó solventar mediante rescates a los mismos bancos y entidades financieras que prestaron dinero de una forma, cuanto menos, irresponsable. Todo ello ha puesto en duda el popular principio “laissez faire”, esto es, dejar al mercado funcionar por sí solo, reduciendo a la mínima expresión cualquier tipo de regulación que “coarte” la libertad económica de individuos y empresas, fuente de la prosperidad de todo país.

Ante las crecientes críticas a la desregulación, los defensores más acérrimos del libre mercado culpan a la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, y a sus prácticas intervencionistas consistentes en mantener unos tipos de interés altos cuando, teóricamente, deberían de haber estado bajos. O lo que es lo mismo, el Estado fue el responsable de la crisis por sus pretensiones regulatorias del mercado, cuyo funcionamiento, basado exclusivamente en relaciones libres y voluntarias entre individuos, es siempre óptimo y no precisa de ninguna ayuda.

Según señala el economista y catedrático de la Universidad de Columbia Josep Stiglitz en su libro “Caída libre”, aunque es cierto que la Reserva Federal redujo los tipos de interés, la abundancia de crédito debería haber dado lugar en teoría a una creciente inversión en sectores de alto valor añadido en lugar de canalizar los fondos hacia el sector inmobiliario, pero en su lugar el mercado generó una serie de incentivos perversos y prácticas que acabaron propiciando la crisis económica, con la ayuda de unas políticas desregulatorias.

La práctica quizá más clara es la titulización de las hipotecas, es decir, tomar una serie de hipotecas y venderlas a inversores de cualquier lugar del mundo, lo que permitía repartir el riesgo a la vez que obtener comisiones más elevadas. Sin embargo, los inversores que compraban el producto, quienes carecían de información suficiente sobre el mismo, presuponían que éste tenía una garantía verificada por el banco, cuando en realidad no era así, pues éste se desentendía de semejante cometido y se limitaba a titulizar el mayor número posible de hipotecas, generando así un número ingente de hipotecas basura. En este aspecto también se pone de manifiesto un problema de asimetría de información.

Por otro lado, en el marco de una política deliberadamente desregulatoria, la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999, que establecía, según indica Stiglitz, una separación entre los bancos de inversión y los bancos comerciales, implicó una mayor asunción de riesgos por los bancos comerciales. Además, tuvo como consecuencia el surgimiento de bancos más grandes, dando lugar a una situación de asimetría de información, pues disponen de información privilegiada acerca de lo que harán los demás entes del mercado, concediéndoles una notable ventaja.

Cabe destacar el papel desempeñado por las agencias de calificación, que deberían haber advertido del riesgo de los productos financieros que se estaban creando, pero no lo hicieron. La razón está en los incentivos que las agencias tenían para actuar en beneficio de los bancos que originaban esos productos, ya que eran esos mismos bancos los que les pagaban por la calificación que realizaban. Y la libre competencia resultó nefasta en este caso, pues siempre había una agencia dispuesta a calificar satisfactoriamente un producto en el caso de que otras agencias se negaran.

Por un lado, puede argumentarse que estos incentivos y prácticas señalados por Stiglitz se generaron en el ámbito de las relaciones voluntarias, sin la intervención del Estado y en el marco de una política desregulatoria.

Así, en un ámbito regido por la máxima de obtener el mayor beneficio con el menor coste se originó una gran cantidad de hipotecas basura, sin que las entidades financieras llevaran a cabo un análisis de los riesgos que entrañaba, a lo cual contribuyó también la escasa cultura financiera de muchos de los prestatarios de los créditos hipotecarios. Obsérvese que los bancos, que querían titulizar el mayor número posible de hipotecas; los inversores, que pretendían obtener el producto financiero más rentable; y los prestatarios de las hipotecas, que deseaban adquirir una vivienda en propiedad, perseguían cada uno su propio interés, y al hacerlo la sociedad no resultó beneficiada en su conjunto, tal y como postulaba Adam Smith con su metáfora de la mano invisible, sino más bien todo lo contrario.

El mecanismo de la libre competencia, uno de principios esenciales del capitalismo, fue en algunos casos pernicioso, como en el ya citado caso de las agencias de calificación. Por otro lado, en otros casos dicho mecanismo estaba distorsionado por el poder que habían adquirido los bancos a raíz de la derogación de la ya citada ley Glass-Steagall. En este sentido, cabe reseñar que, desde la óptica liberal ello no debería suponer ningún problema, pues a diferencia del poder político, cuya potestad para elaborar normas de obligado cumplimiento distorsiona el mecanismo del laissez faire, las empresas no tienen poder coactivo para obligar a los demás entes del mercado a actuar de una determinada manera. Sin embargo, esta visión obvia el hecho de que en el mercado también existen relaciones de poder, pero estas se articulan sobre la base del poder de mercado y del poder de negociación, que permite a las empresas de mayor tamaño hacer que los otros entes del mercado acepten “voluntariamente” sus términos. En este sentido, Stiglitz señala como una de las prácticas abusivas de los bancos el hecho de que los comerciantes aceptasen “voluntariamente” el uso de tarjetas por parte de los clientes, quedando así los bancos habilitados para cobrar elevadas comisiones a los comerciantes, ya que si estos últimos se hubiesen negado a admitirlas habrían perdido a un gran número de clientes debido a los incentivos que otorgaban los bancos a los clientes para que las usaran, pues eran los bancos los que poseían los dos mayores sistemas de tarjeta de crédito y débito , esto es, Visa y MasterCard.

Por otro lado, no puede eximirse de cierta responsabilidad al Estado por su decisión de bajar los tipos de interés, dando como resultado que millones de estadounidenses se lanzaran a adquirir una vivienda en propiedad. Además, la predisposición del gobierno norteamericano a rescatar a los bancos, sobre la base de que, al tratarse de entidades de gran tamaño, su quiebra causaría un gran impacto en toda la economía y que por tanto han de ser rescatados, provocó que éstos asumieran riesgos excesivos, pues tenían el aval del Estado. Ello parece contrariar uno de los principios básicos del capitalismo, esto es, la privatización de los beneficios y de las pérdidas, ya que existía la opción de recurrir a una reestructuración financiera, es decir, dejar que los accionistas de los bancos perdieran todo su dinero y asumieran la dirección de los mismos.

Sin embargo, en esta situación el Estado estaba obligado en cualquier caso a garantizar el dinero de los depositantes, por lo que la reestructuración financiera, que en teoría responde al principio de privatización de beneficios y pérdidas con el fin de evitar un rescate a cargo del contribuyente, impondría un coste a los depositantes, quienes pagarían la nefasta gestión de los bancos, perdiendo así el dinero que depositaron, de no ser por la actuación del Estado, que garantiza dichos depósitos. Ello implica que, sin el aval del Estado, la quiebra de los bancos, y en concreto los de mayor tamaño, no solo supondría que millones de personas perdieran sus ahorros, sino que provocaría un impacto colosal en toda la economía, esto es, existiría un riesgo sistémico. O lo que es lo mismo, la pésima gestión de los bancos daría lugar a una externalidad negativa, afectando a todos o a la mayor parte de los individuos y empresas, sin tener responsabilidad alguna. Aquí se pone de manifiesto otro de los errores del liberalismo, pues sus continuas apelaciones a la responsabilidad individual, de manera que cada uno es responsable tanto de sus éxitos como de sus fracasos, caen en saco roto en la medida en que, al vivir en sociedad, las decisiones de unos afectarán en mayor o menor medida a otros que no han participado en la toma de tales decisiones, lo cual se pone aún más de manifiesto en una sociedad tan interconectada como la nuestra. La máxima de que la sociedad está formada por individuos que persiguen su propio interés, sin que ninguna persona u organización esté legitimada para obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad, parece llevar implícita la idea de que dichos individuos están separados en compartimentos, sin que la actuación de unos afecte, siquiera de forma indirecta, a otros. Sin embargo, ello no parece corresponderse con la realidad.

Por último lugar, el hecho de que los bancos presionaran al Gobierno para que fueran rescatados y evitar la reestructuración financiera, dado que esta última supondría la pérdida por parte de los accionistas de todo su dinero, así como la presencia de directores en la Reserva Federal elegidos por los bancos, que condicionará la toma de decisiones de dicho órgano en un sentido favorable a los mismos, serían interpretados por los liberales como manifestaciones del desorden que trae el Estado cuando se inmiscuye en el mercado, pues al fin y al cabo los bancos, al igual que empresas e individuos, persiguen sus propios intereses, y si ello supone utilizar el poder coactivo del Estado para lograr tal objetivo, es comprensible que lo hagan. Ello supone que, mientras que el poder del Estado debe ser regulado y limitado mediante ciertos mecanismos, como la separación de poderes, el mercado opera de forma opuesta, pues éste se regula solo, y es la intervención del Estado la que altera su normal funcionamiento y “corrompe” a individuos y empresas. Como consecuencia, desde esta perspectiva la culpa sería del Estado por extralimitarse en sus funciones, que no son otras que asegurar el cumplimiento de los contratos voluntariamente suscritos y mantener el orden y la seguridad en la sociedad.

De todo lo expuesto se desprende que, aunque el Estado tuvo parte de responsabilidad en la gestación de la crisis, no se debe deificar el libre mercado, considerándolo como un sistema perfecto de creación y distribución de la riqueza, pues en tanto creación humana adolece de errores y, como se ha señalado anteriormente, puede derivar en prácticas abusivas y situaciones problemáticas, aunque esté fundamentado sobre la cooperación libre y voluntaria.

Referencias bibliográficas

STIGLITZ, J. (2010): Caída libre: El libre mercado y el hundimiento de la economía global. Madrid: Editorial Taurus.