Perspectivas de la Cultura de la Legalidad en México

Ana Guadalupe Romero Marrufo
Estudiante del Doctorado en Bioética. Máster en Educación Intercultural. Docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (México)
Iram Isaí Evangelista Ávila

Doctor en Humanidades-Literatura. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesor-investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Cúmplase la ley de Dios en los bueyes de mi compadre.
Dicho popular

Para hablar de Cultura de la Legalidad necesitamos ser puntuales en los elementos que la conforman y ser puntuales respecto a las definiciones operativas en este artículo.

Como un primer paso, para la definición del concepto de cultura, nos basaremos en el autor Guillermo Bofil Batalla quien en su ensayo La querella por la cultura (1986) menciona el término de la siguiente forma: “la cultura entendida como un plano general ordenador de la vida social que le da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace posible la producción, la reproducción y la transformación de las sociedades completas” (p. 1). Tal definición tiene un carácter pluralista, lo que permite que exista una descentralización del poder, que mejora la representatividad pues se respetan las formas internas de organización social y por lo tanto una mayor capacidad de actuar en cada comunidad por sus mismos integrantes.

Por otra parte, la legalidad tiene una etimología latina legalitas-tis que contiene el mismo significado pero que deriva de legalis, legal y este a su vez de lex, legis que significa ley. La legalidad es un concepto jurídico que se usa para permear de un ordenamiento jurídico distintas prácticas y que conduce a un principio de legalidad como garantía por parte de la autoridad hacia todas las personas: “en virtud del cual no se puede interpretar que un acto determinado es delictivo si no ha sido previsto expresamente como tal por una norma preexistente” (Martínez, 2008, p. 12). Es importante mencionar que la legalidad tiene una doble dimensión político-jurídico y actúa en conformidad con una serie de normas y leyes previamente establecidas, de modo que es una amalgama entre legitimidad y legalidad.

Hablamos de legalidad cuando hacemos referencia a todo un conjunto de normas y leyes, las cuales, han sido establecidas para organizar la vida cotidiana. Lo anterior, dentro de una comunidad para tener una respuesta a la hora de solucionar problemáticas. Esto reglamenta ciertas situaciones con un doble propósito: por un lado regular el poder por parte del estado y proteger la autonomía y, al mismo tiempo, regular la autonomía y otorgarle poder al estado. En última instancia la legalidad (y el principio de legalidad) se trata de una concepción de ética prescriptiva.

El Dr. Víctor Villagrán (2012) afirma que el concepto de Cultura de la Legalidad ha sido hecho a un lado por los académicos del derecho, quienes lo consideraron innecesario de explicar desde el punto de vista de la técnica jurídica. Aparte menciona que los conceptos que se han venido utilizado son de otros países, copiando en menor o mayor medida en favor de la practicidad. Crespo (1990), añade que el uso dado en México proviene de un estudio más del tipo antropológico, respecto a la relación del mexicano con las leyes.

Existe, sin embargo, una primera definición del concepto de Cultura de la Legalidad, creada por el Centro Nacional de Información Estratégica de los Estados Unidos de América que dice: “es una cultura en la cual la abrumadora mayoría de las personas está convencida de que el estado de derecho ofrece la mejor y más duradera oportunidad de asegurar sus derechos y alcanzar sus objetivos” (Villagrán, 2012, p. 85); en donde se menciona el otro gran concepto a considerar para la elaboración de este primer acercamiento a la Cultura de la Legalidad y es el que compete al Estado de Derecho y sobre el cual se disertará más adelante.

En sí, el concepto de Cultura de la Legalidad, se debería utilizar para hacer referencia a la actitud que una sociedad proyecta con respecto a su grupo de normas, reglas y leyes. El Dr. Villagran (2012) señala que posteriormente en Estados Unidos de América se presenta otro concepto de Cultura de la Legalidad en el que se establece que: es una condición en la cual la población en general sigue las leyes y cuenta con el deseo de acceder al sistema de justicia con el fin de solucionar sus controversias, lo cual refiere puntualmente el seguimiento de las leyes por parte de la población (p. 87). Lo destacable de esta definición, es que ya no se menciona el Estado de Derecho, simplificando la definición, acercándola más al factor social y separándola del ordenamiento jurídico.

En el ámbito Mexicano, sobresale la definición de la primera ley estatal sobre la promoción de la Cultura de la Legalidad, promulgada en el Estado de Nuevo León y publicada en el periódico oficial el 23 de marzo del 2007 y en el que se describe de la siguiente manera:

“[Cultura de la Legalidad es] …el atributo de la sociedad que se distingue por el acatamiento de las disposiciones jurídicas vigentes”(Villagran, 2012, p. 90). El autor señala que la misma definición fue usada para describir la Cultura de la Legalidad en la “Ley de Cultura de la Legalidad para el Estado de Chihuahua” en el 30 de abril del 2011en el que se le agregó la palabra respeto quedando determinada de la siguiente manera: “Atributo de la sociedad que se distingue por el respeto y acatamiento de las disposiciones jurídicas existentes” (Villagrán, 2012, p. 90). Dicha definición amerita varias críticas relacionadas con el carácter meramente autoritario de índole jerárquica a la que claramente le faltan los elementos de carácter cultural que lo diferenciarían de un concepto impositivo y por lo tanto limitado al ámbito del derecho positivo.

Construir una definición de Cultura de la Legalidad no es una tarea sencilla, involucra dos ámbitos muy amplios de la vida social y por ende, su definición debería considerar rasgos tanto de la legalidad (conocimiento, comprensión, aprobación) como de la cultura (dinamismo, adaptabilidad, simbólica, compartida). En tanto que cultura hace referencia al orden social que le da sentido al quehacer humano en una comunidad, la legalidad es quien permea y/o adecua estos actos humanos a un conjunto de normas jurídicas vigentes, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en un estado de derecho.

Podemos entender que una Cultura de la Legalidad es: la práctica del respeto a la civilidad que acota los actos humanos en una comunidad determinada y como definición operativa se propone la siguiente:

Un conjunto de actividades y características interiorizadas , intencionales, razonadas, progresivas y relacionadas de interés, conocimiento, comprensión , respeto, aceptación, observancia, exigencia y comunicación que tiene un ser humano volitivamente capaz con respecto a las leyes positivas y vigentes contenidas en un ordenamiento jurídico, estatal, nacional o internacional, las cuales tienen la finalidad de regular su conducta en razón de su calidad de residente de una localidad específica , en concordancia con sus actividades particulares, en atención a sus relaciones familiares y de acuerdo a la relación de nacionalidad que guarde con uno o más Estados y mismas que han sido promulgadas con el objetivo de propiciar el desarrollo individual y colectivo en materia vital , social, política, cultural, económica, deportiva y espiritual de manera incluyente, plural, sostenida, armónica y equitativa de conformidad con los principios generales rectores de una sociedad justa, humanitaria, pacifista, ecológica y global (Villagran, 2012 p. 97).

Se desea resaltar que la cultura de legalidad es metalegal, es decir, algo que vas más allá de la legalidad en lo que se refiere a las leyes, sino que tiene que ver mucho con nuestras conductas, se considera que un aspecto determinante de la Cultura de la Legalidad es su reproductibilidad y que una gran parte de ella está contenida en una herencia generacional que se fomenta en el individuo desde el seno familiar.

Componentes básicos de un verdadera Cultura de la Legalidad

Más ablanda Don dinero, que sermón de misionero
Dicho popular

Estado de derecho

El Estado de derecho se conforma por dos entidades independientes. En primer lugar el Estado, el cual es una formación netamente política; y el derecho, que son el conjunto de normas que gobiernan una sociedad. Por lo tanto, podemos decir que la acción que pueda emprender el Estado, se encuentra regulada por el derecho. Encontramos que el conjunto de normas que dispone el derecho se encuentra alojado en la constitución, la cual actúa frente al gobierno y salvaguarda los derechos y obligaciones de sus moradores. La función del Estado de derecho será eficaz, siempre y cuando, cumpla con el objetivo de su creación, el cual es el de regular una armonía entre el individuo y la sociedad. El Estado de derecho se opone al del Estado absolutista, pues en este último, el monarca es quien decidía el o los rumbos de su reino sin tomar en cuenta alguna otra opinión más que el de su propia conveniencia. En cambio, en un Estado de derecho, el poder y la decisión surge del pueblo. Mientras que el mando del monarca es vía hereditaria, en el Estado, el pueblo es quien elige a quienes los vayan a gobernar. El estado de derecho es aquél en el que todos los integrantes de la sociedad están gobernados por leyes establecidas en forma democrática, que protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente. En un Estado de derecho, las normas jurídicas: se establecen de forma democrática, están orientadas a proteger los derechos individuales, existe igualdad en su aplicación y se hacen cumplir permanentemente.

Es a través del Estado de derecho por el cual aparece la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Aunque la democracia tiene cabida en el Estado de derecho, no quiere decir que en cada lugar que exista democracia habrá estado de derecho. Esto lo podemos atestiguar en nuestra cotidianeidad, ya que es aquí donde las disparidades se muestran, a veces, con una impresionante realidad. En La Ilegalidad y el Estado de Derecho los autores Rubio y Jaime mencionan que en México no tenemos un claro sistema legal y sistemático, aparte de eso hay que sumar que el poder judicial no es efectivo, lo que conlleva a que en muchas ocasiones el poder no provenga del pueblo y sea benéfico para él, por el contrario:

Más aún, los arreglos constitucionales existentes permiten que el gobierno mexicano, si la necesidad política lo ameritara, confisque las inversiones o altere los derechos de propiedad a favor propio; viole impunemente los derechos humanos de los ciudadanos; acceda al poder por medio del fraude electoral; y aplique discrecionalmente la ley, de forma tal que un importante sector de la población no cuente con acceso afectivo a la justicia, mientas que ciertos grupos privilegiados se encuentren por encima de las leyes (Rubio y Jaime, 2007, pp. 75-76).

Hay que tener presente que el Estado de derecho es un sistema que contiene las leyes por las cuales nos regimos en una sociedad, que dichas leyes están a nuestro servicio para que podamos desarrollarnos como individuos sociales, salvaguardados por las propias normas que nos gobiernan. Que estas leyes idealmente cambian como cambia la sociedad, pues están vinculadas al desarrollo y evolución de la misma. Dentro del concepto de Cultura de la Legalidad, el estado de derecho tiene una tesitura de orden ético rebasando el plano descriptivo en el que se limita a preescribir normas para regular las relaciones entre los gobernados y los gobernantes, en un ideal se estaría hablando de que “la Cultura de la Legalidad es el componente dinámico del Estado de Derecho” (Villagrán, 2010 p. 35). Sin embargo, el dejarle al propio Estado, la responsabilidad única de la creación de sus propias leyes, pueden existir y existen, los casos en que éste utilice las leyes para su aprovechamiento y ventaja. De esta manera la balanza se inclina hacia aquellos grupos privilegiados, pero se margina al resto de la población ya que se establece la legislación de normas alejadas de la realidad de los ciudadanos, las cuales pueden llegar a crear un vacío entre ellas y la cotidianeidad de los últimos

Es evidente que para el mexicano común y corriente no existe la legalidad. Cuando le toca confrontarse con una autoridad sabe bien que lo que cuenta menos es la letra de la ley que la actitud del burócrata, sea este un funcionario, público, un policía o un juez. El número de ciudadanos que ha sufrido atropellos es tan monumental que la ley no goza de legitimidad alguna (Rubio y Jaime, 2007, pp. 72).

Es necesario que exista una mayor información y conocimiento acerca de lo que es realmente el Estado de Derecho, pensar en un proceso de prevención acercarlo a la población en general y concientizar acerca de la influencia que se tiene en él; que las normas y los propios derechos que poseen como personas, no pueden ser violados pues este sistema está creado para coexistir con los individuos. Es prioritario concientizar que defiendan esta situación donde se encuentran, pues por ignorancia algunos dejan pasar de lado ciertas arbitrariedades creyendo que la autoridad está por encima de ellos y que ésta puede tomarse las atribuciones que desee.

Participación ciudadana

Al formar un gobierno que será administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad yace en esto: primero se debe permitir al gobierno que controle a los gobernados; y en segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo.
James Madison. El federalista. Núm. 50

El naciente siglo XXI se nos presenta como un siglo donde la equidad, la calidad de vida, el desarrollo social y económico, logren la hegemonía en nuestra nación. Empero, para lograr lo anterior, se necesita que se implementen programas donde este crecimiento se logre por medio de políticas que garanticen la igualdad entre la población. Como contraparte a este desarrollo, existe lo que se ha venido manejando: las contradicciones, los contrastes, las infracciones a las leyes, y otras situaciones como la situación genérica y la marginación en la que vivimos inmersos.

Para lograr más y mejores cambios dentro de nuestra cultura, debemos asegurar una participación ciudadana, la cual permita accionar las labores del Estado, lograr una mejor democracia a través del mismo ejercicio ciudadano. La sociedad debe participar en las cuestiones que afectan e incumben a la ciudadanía, tener un liderazgo político-social, el cual se relacione y se consolide en la actividad de su propio gobierno.

La participación ciudadana deberá concebirse como la intervención directa de la ciudadanía en las actividades públicas, sin estar relacionada con la participación mediada de los partidos políticos o con el ejercicio promocional del voto. Hablar de ciudadanía, de participación en todos los niveles de la vida económica, social y política implica la progresiva socialización y politización de los gobernados, su progresiva inserción en las relaciones de poder, ya sean de carácter sociopolítico ya de tipo netamente político (Zazueta, 2003 p. 10).

La participación ciudadana es entonces, un proceso social en el cual los individuos se involucran, cooperan, toman decisiones, adquieren un compromiso y una responsabilidad, así como también desarrollan una identidad y una conciencia colectiva (Chávez, 2002, pp.3 6). Para lograr este objetivo los individuos deben compartir ciertos elementos los cuales deben unirlos e identificarlos: status social, económico, ideas políticas y sociales, valores, costumbres; todo esto juega un rol importante para consolidar la integración de las personas. Así, la ciudadanía puede participar activamente en diversas áreas de interés político y social, su participación se vuelve activa desde que pueda acceder fácilmente a la información relevante a los intereses de su comunidad. Esto posibilita la relación entre el gobierno y lo social y mejora la gestión en todos los niveles involucrados. La participación ciudadana fortalece los procesos y el ámbito político.

En México, pareciera que el Estado no favorece la consolidación anteriormente citada, por lo contrario, el capital político y financiero, las estructura socioeconómica y las desigualdades sociales; pretenden aislar a los sujetos, fragmentarlos, tenerlos divididos, lo cual garantiza el choque de ideas, costumbres, dentro de la misma sociedad. Esto conlleva a una desorganización de la comunidad, a un alejamiento, que lleva como resultado escaza participación en actividades que competen a todos. Si la unión hace la fuerza, en este caso, la voz activa se encuentra débil y aislada.

Existe hoy un fuerte impulso a los procesos de participación, ya que los organismos internacionales demandan programas y proyectos con participación plena de los sectores sociales; no obstante, su llamado se queda en los discursos de los gobiernos de América Latina (Chávez y Castro. 2009. pp. 221).

La población debe participar en actividades que refuercen la unión ya que se comparten costumbres, valores e ideales; los cuales deben fomentarse e impulsarse para que no caigan en la fragmentación, en la mezquindad de su propio mundo. La participación ciudadana alienta a que los individuos aprecien y dignifiquen su inferencia en la sociedad, que contribuyan y construyan a la realización de sus normas y valores, para que por medio de sus acciones sean sujetos activos en el desarrollo adecuado de su propia comunidad.

Participación social ⇐ ⇒ Participación política

Cultura de participación ⇐ ⇒ Cultura de la Legalidad

La transmisión de la cultura de la legalidad

No le pido a Dios que me dé, sino que me ponga en donde hay.
Dicho popular

Las personas nacen en un mundo ya establecido, en un mundo eminentemente humano, con costumbres, tradiciones, valores y leyes ya creadas por las generaciones anteriores. Este entorno social configurado por los valores que en su momento se consideran como superiores en la escala jerárquica que el mismo grupo transmite desde lo social, a la comunidad y la familia lleva como vehículo la educación ya sea formal e informal y transmitida no solo por instituciones educativas, sino complementada por el aprendizaje social. La transmisión de la cultura, es uno de los valores centrales en la educación, siendo la cultura un concentrado de la acción humana, “un entramado de procesos de transmisión, reproducción, apropiación y transformación de objetos, saberes y prácticas culturales en contextos diversos que siempre rebasan la instrucción formal” (Rockwell, 2007, p.176). No podemos ignorar la fuerte influencia que ésta ejerce sobre los estudiantes y los maestros, más allá de los programas y las reformas, nos apropiamos de recursos discursivos y de práctica de cada región en la que se trabaja y es natural que la misma sociedad busque imprimir en sus jóvenes ese carácter singular e identitario valiéndose de la práctica educativa como principal promotor. Esto puede ocasionar dificultades que se tratan de remediar dentro de la pedagogía usando diferentes estrategias didácticas para integrar lo particular con lo universal y poder lograr así los cambios de vida que necesitamos. Pero no nos engañemos tampoco es que el sistema social sea consecuencia directa del sistema educativo, así, el hecho de modificar los programas educativos no garantiza que se cambiara la sociedad por acto reflejo.

Entre las dificultades que se sucinta en la educación formal el tratar con la cultura, encontramos que, por ejemplo, el estudio de la historia de nuestras culturas es algo que se ha dejado de lado, o se ve de manera superflua, por las dificultades que esto representa y es que cuando nos referimos a la historia de la cultura, nos estamos refiriendo a una parte muy extensa del pensamiento humano, de tipo social, cosmovisivo, racional incluso mágico, y no solo de una región sino de las múltiples culturas y realidades que existen dentro de un territorio, lo que ocasiona diversas problemáticas. Lo anterior es lamentable dado que habla acerca de la poca reflexión del ser humano sobre su propio pasado y que no con solo una exposición de sucesos que, aunque importantes, el alumno no logra una apropiación de la cultura, al respecto J. Chávez (2006) menciona:

Quizás toda cultura nacional, aunque la mencionemos como si fuese una, es varias en el tiempo y la escala social. No se les puede negar el adjetivo mexicano a cada uno de los estilos culturales de cada una de las regiones de la república mexicana, pese a las diferencias entre las culturas regionales jarocha y tapatía, las dos son mexicanas (p. 56)

En cuanto a la educación en nuestro país debemos reconocer que la percepción de nuestros jóvenes respecto a materias que tratan directamente de temas importantes en nuestra cultura, tales como historia, civismo, ética, etc. Son tachadas como inútiles por incluir teorías, nombres de personajes, fechas, batallas, conceptos, lo cual les parece despegado de la realidad que les toca vivir todos los días. No obstante, poder generar en los jóvenes una conciencia o una memoria histórica nos permitiría realizar una intervención eficaz en la evolución de nuestro desarrollo como sociedad que comparte un pasado común. Tratándose de la Cultura de la Legalidad, nos encontramos con que las escuelas no tienen un seguimiento en estos programas y por otra parte, tratándose de cultura en el extenso sentido de la palabra, mucha de su formación radica directamente en el hogar, las percepciones de los adultos respecto a esta situación va dotando a los miembros jóvenes de determinados criterios de comportamiento y de toma de decisiones. Esto implica que mucho de lo que percibimos acerca de la legalidad, es en gran medida un reproduccionismo de los usos, ideas y costumbres que se gestan dentro de la familia y ello incurre enormemente en prácticas nulificadoras a priori del desempeño de los órganos jurídicos, de las autoridades e incluso de nuestra identidad nacional (Eso nomás en México, el que no tranza no avanza, más vale un año como rey que cien como buey) en la cual se premia la no-observancia de las leyes si es que esto nos lleva a sacar provecho.

Mercedes Charles explica que la cultura es un producto de la práctica social humana, de esta interacción entre los hombres y entre estos y lo que le rodea. La cultura es pues “un elemento constitutivo y constituyente” (Charles, 1987, p. 125) de nuestra realidad siempre cambiante construyéndose sobre la base social implícita en la propia naturaleza del ser humano otorgándole la esencia socio histórica de la cultura. Esta idea sobre el concepto de cultura no permite ninguna dicotomía entre lo material y lo ideal, ni pretende aislarla a un solo campo de acción, sino manifestar una visión holística de que la cultura está presente en todos los niveles de práctica social pero que al mismo tiempo corresponde a un sector único y diferenciado en sus orígenes.

La cultura pasa por todo: lo grande y lo pequeño

El más fuerte no es nunca lo bastante fuerte para ser siempre el amo, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en poder.
Juan Jacobo Rousseau

Como se ha mencionado anteriormente nuestra dinámica social, es el resultado cultural de lo que vivimos en la cotidianidad. Si la práctica cultural y las interacciones que emanan de ella, actualmente se consideran en declive, o crítica; es debido al reflejo que el entorno nos demuestra.

Por ello, no es de sorprenderse que tanto las prácticas sociales como las profesionales estén en tan malas condiciones. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra cultura si los supuestos pilares sociales, que son las instituciones, cada vez muestran más índices negativos? Y estos índices surgen de las propias opiniones que el ciudadano tiene sobre las mismas. Lo anterior lo demuestra la última encuesta realizada por el periódico Reforma, que en su edición del 04 de agosto de 2015, muestra esta realidad actual en la que las instituciones siguen a la baja en su credibilidad, tal es el caso de en el mes de abril los partidos políticos tenían un porcentaje de confianza de un 25% por si esto fuera poco, las mediciones en el mes de agosto nos apuntaba una confiabilidad del 16% detectando una caída de 9 puntos. Mismo resultado a la baja corresponde a la Suprema Corte de Justicia; que de un 31% baja a un 24% en confiabilidad en los mismos periodos.

Las tres instituciones peor evaluadas son: en primer lugar, La Policía, con un 24%; en segundo, Partidos Políticos y en un tercero el Congreso de la Unión. No muy lejos se encuentran la Suprema Corte y el gobierno del Presidente Peña Nieto. Es decir, los representantes de los poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son donde menos confía la gente. Los pilares de nuestra sociedad se encuentran fracturados. La participación ciudadana es fundamental para comenzar un cambio y devolver credibilidad a nuestra organización social.

Un cambio de perspectiva puede ser viable como motor para la conversión de estos resultados. La cultura paternalista en la que estamos sumergidos, debe orientarse hacia una dimensión más personal. La imagen del jefe, del mentor, del salvador del país, puede transformarse en que todos somos y ejercemos como individuos que rescaten a la nación. Sin necesitar que los grandes personajes auxilien y socorran para comenzar el cambio. Los cambios se comienzan en los cimientos, en lo cotidiano. Existe corrupción desde las grandes instituciones, pero también existe la corrupción en el vigilante, en el chofer: como esta ilegalidad se vive diariamente, se ha comenzado a tolerar; pero la tolerancia implica que existe un mal.

Nuestra cultura, como sinónimo de proceso y de cambio

La buena ley es superior a todo hombre…
Morelos

Al poner en práctica el cambio desde una cultura transformadora, podemos lograr un proceso, que a la vez que produce, evoluciona y desarrolla ciudadanos éticos que impactarán con su participación a los cambios políticos y sociales.

La cultura, como lo menciona Muñoz (2010), es también un proceso y un modelo institucional: la cultura (en este caso, lo social), debe integrarse a lo institucional (como entidades), ya que por separado existe una irregularidad, no hay integración alguna, dando como resultado, la inestabilidad social actual; pero, si existe una cohesión entre las instituciones con la cultura, podremos lograr: “una estructura lo más funcional y coherente posible” (p. 1).

Enrique V. Iglesias, citado por Bernardo Kliksberg (2002), menciona que:

Hay múltiples aspectos en la cultura de cada pueblo que pueden favorecer a su desarrollo económico y social, es preciso descubrirlos, potenciarlos, y apoyarse en ellos, y hacer esto con seriedad significativa, replantear la agenda del desarrollo de una manera que a la postre resultara eficaz, porque tomará en cuenta potencialidades de la realidad que son de esencia y que, hasta ahora, han sido generalmente ignoradas (p. 456).

Al tomar en cuenta lo anterior, la sociedad progresará en la medida en que dichos aspectos logren llevarse a la práctica e impactar de forma directa en nuestro entorno cultural. Con ello, no solamente la sociedad se beneficia, sino también el constructo institucional se edifica y solidifica: se renueva la confianza para la cual nacieron.

Alduncin (1999), menciona que: “Somos en función de otros, y ello es válido tanto en lo personal como en el ámbito de los grupos sociales amplios” (p. 111). La interacción social y cultural es vital para lograr un mejor balance entre lo particular y lo general, entre el individuo y la institución. Somos nuestro propio reflejo, nos vemos en el otro, y él nos devuelve la mirada reconociéndose y reconociéndonos: como personas reflejamos lo que ocurre a otros, para poder entendernos y explicarnos nuestro contexto. Por ello, encontramos la desestabilidad, porque aún nosotros mismos no nos sentimos estables dentro de la vorágine que vivimos día con día. Cuando en los ojos del otro veamos el comienzo de un cambio sustancial, será cuando nosotros estemos recuperando nuestros espacios.

Buscar una regeneración de la práctica social dentro de la nación, apoyarse y ver en la transformación de lo cotidiano un baluarte para el cambio institucional:

Todo lo que es humano regenera la esperanza al regenerar su vivir. No es la esperanza lo que hace vivir, es el vivir lo que hace la esperanza, o sería mejor decir: el vivir hace la esperanza que hace vivir. El segundo es el principio de lo inconcebible. Todas las grandes transformaciones o creaciones fueron impensables antes de haberse producido. Recordemos que a cada determinación le corresponde una posibilidad (Bejar, Rosales, 1999, p. 402).

Ahora, si nuestra cultura está siendo encaminada o lleva un declive, es porque no se está actuando sobre una cultura enfocada a la discusión práctica de solución, sino que se piensa que los otros actores (instituciones, Estado) deben pensar y solucionar la problemática actual. No es adecuado dejar la responsabilidad a los anteriores, porque se relega la responsabilidad al manejo de unos pocos, lo que propicia esta actitud es que en algunos casos estos mismos actores, sean los que de una manera, tengan en su poder y disposición el camino trazado para una mayoría.

Si vivimos una crisis social, institucional y cultural, se debe a una desigualdad relevante entre estos tres factores. Se debe comenzar a formar los cambios acompañados de una participación ciudadana comprometida que incluya los diferentes estratos dentro de la población. Si no se consideran estos estratos, simplemente se cambiará el piloto, pero la nave seguirá yendo hacia el mismo destino. Se trata de abordar los cambios que se producen en las identidades sociales y políticas en el proceso de crisis, los cambios en las formas de participación, inclusión/exclusión, en las formas de nominación, la difuminación o reaparición de identificaciones étnicas o nacionales. Por otra parte, se trata de considerar las políticas culturales de los estados y los diversos actores sociales que actúan la crisis y en la crisis. Especialmente, atender a los usos de una cultura de la paz o una cultura para el desarrollo en los cuales se anuncia la pretensión de saldar simbólicamente aquello que no hacen la economía o las instituciones (Grimson, 2010a, p. 10). Dichas identidades en crisis están enraizadas en la cultura, en la conciencia de quienes somos, es producida por las vivencias en cierto contexto social que nos doto de una educación formal y es resultante de diversas experiencias históricas compartidas y que son distintas a otras. Es en la identidad en la que nos asumimos distintos a otros individuos de otras culturas y en cambio nos reconocemos en los nuestros por compartir los valores y objetivos, en fin “es un proceso de sincretismo dinámico y referencial” (Del Val, p. 327)

En gran medida los valores y los objetivos de los individuos le dan sentido al marco de acción de una sociedad, regulan su práctica en gran medida por lo que consideran como valioso y esto también permea la manera en cómo perciben el mundo. Dichos valores no solo tienen que ser concebidos en un plan ético-moral, sino también desde un plano religioso o académico, que provee de bases ontológicas a los individuos y a su vez sustentará toda una gama de tradiciones, usos, costumbres o ritos que en conjunto construirán la cosmovisión del sujeto.

Lo social y lo cultura forman un modelo vigoroso que reúne lo particular y lo general. Factores indispensables del cambio. Cuando existe una inestabilidad, estas bases deben resistir, podrán cuartearse debido al sacudimiento, pero deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar las vibraciones. Así, la misma base debe funcionar en conjunto para lograr unirse y controlar y supervivir cualquier tipo de temblor. La cohesión firme se sobrepone al embate. La sociedad y su cultura, podrán lograr emanar el cambio acudiendo a la solidez de su propia fuerza y estabilidad.

Si la confianza entre sociedad y las instituciones e individuos que controlan esta nación se encuentra en decaimiento, es debido a las grietas que el propio Estado y la misma sociedad han permitido que surjan y avancen, en parte por la tolerancia a las acciones corruptas, pero es necesario que el resanamiento de esta relación depende de la armonía que se pueda construir entre estos actores principales. Al respecto Grimson (2004b) menciona:

En la medida en que nación sea comprendida como pueblo y que el Estado sea percibido como afectando los intereses populares. En muchos países de América Latina las ideas de nación y Estado se desarticulan constantemente, hasta el punto de que la visión socialmente prevaleciente puede explicar el desamparo y la devastación de la nación como consecuencia de persistentes políticas del Estado, en las cuales éste aparece más cercano a intereses extranjeros o tan sectoriales que no consigue articularse con idea alguna acerca de la nación. El movimiento social puede recoger justamente el modo nacional de identificación que, legitimado por el Estado en otros contextos históricos, es irrenunciable explícitamente en la medida en que constituye la única vía de legitimación de su propia existencia (p. 185).

De esta manera, si como sociedad entendemos que formamos la parte fundamental de la nación, podremos comprender y actuar en consecuencia: la cultura se desenvuelve como experiencia y preservación social.

La cultura en época de crisis, ofrece alternativas que pueden llegar a ser cambios importantes dentro del rumbo de la sociedad. Si nuestros esfuerzos y participaciones los encaminamos hacia este rumbo, si a la cultura la encaminamos hacia una Cultura de la Legalidad, podremos hablar entonces de un verdadero cambio tanto como sociedad, institución y nación.

Transmitir la Cultura de la Legalidad

La ocasión hace al ladrón.
Dicho popular

Todo ser humano es miembro, es perteneciente a un ámbito social y cultural. Al mismo tiempo que pertenece a un núcleo familiar, pertenece a una colonia, a una comunidad, a la ciudad, al estado, a alguna región: ahora es ya un ciudadano del mundo. Dentro de su trabajo en el rol que desempeñe existe y se debe a los demás. El ser humano es perteneciente a una cultura, está hecho y moldeado por ella aunque hablemos de situaciones radicales, esa misma radicalidad se origina debido al enviste de la cultura a la que pertenece. En cada ámbito mencionado existen desde antes que él, una serie de costumbres y tradiciones heredadas y compartidas, cambiadas únicamente por la marcha del tiempo. Existen valores y creencias que se comparten y que transforman a los individuos. Las culturas generan un fuerte sentido de pertenencia, lealtades e identidades. Se es gracias al grupo al cual se pertenece; éste es el que da sentido a la vida, tanto en el ser como en el quehacer; por ello la identidad se determina a partir de grupos étnicos, idiomas, religión, ideología y creencias; en una palabra, de valores compartidos (Alduncin, 1999, p. 112).

Nuestra identidad se forja gracias al grupo en donde pertenecemos. Somos herederos de los usos y costumbres, los cuales son fuertes debido a la historia, la cual también nos pertenece. Somos cultura debido a que nos fue otorgada por las generaciones anteriores, y esta cultura será la que nosotros heredemos a las próximas; nos fortalecemos, caemos y surgimos gracias a ella.

Cada generación vive y hereda algo a la cultura. Los herederos la toman y la matizan según sus propios contextos. Es nuestro legado, matizar esta cultura hacia un trasfondo de legalidad para que las generaciones que vienen la adopten y la refuercen con sus propias herramientas y situaciones. Se forma de esta manera un patrimonio. Hay que transmitir nuestra cultura y respetarla como un ser viviente; si nosotros no alimentamos nuestra cultura enfermará, se infectará y comenzará a contaminar al huésped.

La Cultura de la Legalidad como una fundamentación para el mejoramiento de nuestra sociedad, de nuestras instituciones y de nuestra forma de gobernar. Este concepto que aún resulta nuevo dentro de los campos de estudio y las investigaciones, comienza a gestar cada vez mayor importancia. Es necesario que la Cultura de la Legalidad se conozca y reconozca como uno de los agentes de cambio que nuestro país necesita.

La gente tiene como ejercicio de libertad informarse y saber que tiene derecho a conocer los planes y las acciones de sus instituciones y de su gobierno, y que tiene el poder de hacer valer su opinión con respecto a dichas instituciones. A su vez, estas instituciones tienen la obligación de escuchar, vincular y aceptar la voz de la sociedad para la cual están desempeñándose. Lo anterior regulado por las leyes que legitima el Estado de derecho.

Referencias bibliográficas

ALDUCIN, E. (1999): “Perspectivas de la identidad nacional en la época de la globalización”. EnR. Bejar y H. Rosales (Coord.), La identidad nacional mexicana, como problema político y cultural (pp. 111-131). México: Siglo XXI Editores.
BEJAR, R. y ROSALES, H. (1999): “Epílogo”. En R. Bejar y H. Rosales (Coord.), La identidad nacional mexicana, como problema político y cultural (pp. 397-402). México: Siglo XXI Editores.
BONFIL, G. B. (1986): “La querella por la cultura”. En Revista Nexos. Abril. Recuperado en http://www.nexos.com.mx/?p=4615 06 de julio.
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